El mundo enfrenta una pandemia letal que afecta a casi la totalidad de la población mundial. La Argentina, al igual que otros países, implementó un aislamiento preventivo social y obligatorio para controlar la propagación de la enfermedad.
En el caso de Argentina, y aún cuando existiera otra manera de combatir el COVID-19, la cuarentena es la única alternativa viable, como consecuencia del desmantelamiento del sistema social de salud concretado por el gobierno conservador – restaurador – neoliberal del período 2015 – 2019, que dejó a les argentines sin una herramienta – estructura sanitaria idónea para intentar cualquier otro camino.
Enfrentar el coronavirus adoptando la cuarentena como método significa para les argentines, un esfuerzo mayor que aquel que supone de por sí el aislamiento, en tanto que a la paralización de la actividad socio económica y el consecuente derrumbe económico que implica, hay que agregar la crisis económica con concentración de la riqueza en que el país quedó después de Mauricio Macri. Desempleo, pobreza y exclusión constituyen el escenario que deviene en punto de partida desde el cual asumir la lucha contra la pandemia.
Así las cosas, el gobierno estableció el ASPO y también una serie de medidas esencialmente de distribución de recursos económicos, tendientes a sostener por la base, la pirámide productiva (pymes) y la pirámide social (trabajadores informales de menores ingresos y sectores vulnerables). Debe tenerse en cuenta que aproximadamente el 40% de la población económicamente activa despliega su actividad económica de manera informal.
Respecto de las medidas económicas referidas, señalamos que deben revisarse en su aplicación, en tanto no son equitativas en contenido o no llegan a todes. Esto último, porque los requisitos para el acceso son excluyentes, porque son complicados en su tramitación, o porque si bien se han anunciado, aún no se han implementado. Por caso, cooperativas de servicios públicos, cooperativas de trabajo en general, no sólo empresas recuperadas. En el mismo sentido seguimos sosteniendo la necesidad de devolver su trabajo a tantos compañeres despedides de organismos y empresas nacionales durante el gobierno de Macri, como es el caso de FADEA.
La gestión de gobierno a nivel nacional se completa, en lo económico, con la remisión de fondos a las provincias y la discusión con los acreedores externos, sobre los términos de un acuerdo para el pago de la deuda argentina, de modo de aliviar al país de esa carga en el presente.
Se enuncia desde la nación la voluntad política de priorizar la salud de les argentines a la economía, como de lograr la reactivación productiva del país y honrar los compromisos externos contraídos, sin imponer más sacrificios al pueblo.
No obstante debe señalarse que hay sectores políticos, económicos y político-económicos que accionan en pos de cargar el costo de la crisis sobre los hombros de las y los trabajadores. Por citar sólo un caso, LATAM plantea recortes salariales, reconfiguración del convenio colectivo de trabajo, suspensiones y despidos, así como intentan que, a futuro, el sistema económico siga siendo de concentración de la riqueza y socialización de la pobreza.
Sostenemos que el único camino a recorrer es el de la reactivación económica desde una matriz productiva en un modelo de desarrollo que se sostenga en el trabajo, la equidad y la inclusión como pilares fundamentales.
En el área de salud de Córdoba -particularmente sensible frente a las actuales circunstancias sanitarias- la situación es crítica en términos estructurales y se agudiza en este momento.
El gobierno de Córdoba decidió desde el inicio del ASPO que le hará pagar a las y los trabajadores el costo económico del mismo, a la vez que resolverá el quebranto económico a que ha llevado a la provincia durante su gestión, justificando la aplicación del ajuste necesario para ello en la pandemia.
La población en general soporta en la afectación de su salud y los trabajadores del estado provincial activos y pasivos, en la afectación de sus derechos laborales, derechos sindicales, condiciones de trabajo y salarios, la agresión que esto significa.
El sistema de salud en Córdoba, históricamente precario, hoy muestra su vulnerabilidad. La salud pública se sostiene con el esfuerzo y el compromiso de sus trabajadores, superando dificultades permanentes a partir de la falta de recursos (pese incluso a los envíos desde el gobierno nacional que no se aplican a salud), la no incorporación de personal necesario, la precarización laboral, la falta de elementos de protección y de trabajo, sin dirección, perseguidos y sancionados por reclamar lo que necesitan para desempeñar su tarea y, señalados como responsables -cuando no sometidos a procesos penales- cada vez que una situación de contagio se produce.
Los primeros anuncios del gobierno de Córdoba, en boca de sus más altas autoridades, fueron que se iban a recortar los salarios de los trabajadores estatales a partir del mes de abril, que no se pagarían en mayo y, en las últimas horas, que se pagarán en tramos según se recaude, además de que no se pagará el aumento del 10% ya acordado para el presente período. No hubo ningún anuncio hasta aquí sobre algún aporte a pedir a las grandes fortunas de la provincia, a los fines de paliar la crisis.
Siguió la Municipalidad de Córdoba, gobernada por la misma coalición política, con un recorte de salarios a sus trabajadores a través de una reducción de la jornada laboral, decidida en abuso de su mayoría en el concejo deliberante y atropellando el estatuto de los trabajadores municipales.
Provincia y municipio produjeron despidos, suspendieron programas de trabajo para jóvenes, adultas y adultos sin empleo como los PILA, POR MI, PIP, cuyo cese los deja sin ningún ingreso en plena emergencia. Se cerraron centros de atención de salud mental, se trasladan trabajadores arbitrariamente de un lugar a otro sin expresión de ningún criterio que lo explique.
La provincia, de manera absolutamente intempestiva y escudándose en la crisis sanitaria, aprobó una reforma a la Ley de Jubilaciones 8.024, que recorta los haberes jubilatorios violando los derechos de los jubilados presentes y futuros.
Con la misma lógica se ataca el convenio colectivo de los trabajadores de Luz y Fuerza de Córdoba.
Actores y actrices se encuentran en una emergencia absoluta, como consecuencia de la paralización de la producción audiovisual que impone el ASPO, situación que no es atendida por el gobierno provincial.
No se atiende la emergencia alimentaria que afecta gravemente a muchísimas familias cordobesas.
El Estado cordobés no entiende la gravedad que significa el virus ni pone en valor la vida de sus ciudadanos. El transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Córdoba y el interurbano en la provincia, están paralizados hace días y no han merecido ninguna intervención por la parte del Ministerio de Trabajo provincial para solucionar la situación. Sí la hubo para la policía que reprimió a les trabajadores que se manifestaron desde la desesperación de no percibir sus salarios, más la intervención del poder judicial que ha imputado a esos mismos trabajadores.
Como bien dijo el presidente: que el estado mire para otro lado es angustiante.
Ante el estado de situación descripto y analizado, la CTA DE LOS TRABAJADORES CÓRDOBA expresa su compromiso y vocación de luchar para que tanto la crisis como el futuro se resuelvan en un contexto de construcción de sociedad con soberanía política, independencia económica y justicia social. En consecuencia y por resolución del plenario llevado a cabo el día 23 de mayo de 2020, se declara en estado de alerta y movilización, en defensa de les trabajadores agredidos por quienes pretenden continuar sosteniendo un mundo injusto, de extrema riqueza lograda merced a la destrucción del planeta de todos y con el empobrecimiento de las grandes mayorías.
Córdoba, 25 de mayo de 2020.